Posteado por: Juventudes Carlistas | mayo 5, 2009

HISTORIA DEL PROCESO AUTONÓMICO EN CANTABRIA

El largo camino hacia la autonomía Contexto introductorio Tras la muerte del general Franco, el 20 de noviembre de 1975, se dieron las condiciones necesarias para la democratización de la sociedad española. Todas las contradicciones del régimen, los conflictos interiores y las presiones exteriores, encontraron en ello la válvula de escape que permitió iniciar el proceso de transición hacia la democracia en España. Y tras esos casi 40 años de dictadura, entre los aspectos de los que nuevamente volvía a hablarse se encontraba la cuestión territorial del estado. Es decir, el encaje de los diferentes movimientos regionalistas y nacionalistas que desde el siglo anterior venían defendiendo la autonomía para sus respectivas comunidades. Tenemos que tener en cuenta, y no perder de vista desde este momento, que la cuestión de las autonomías se había convertido en uno de los caballos de batalla para los sectores liberales y democráticos de la sociedad española que aspiraban a romper con las todavía numerosas rémoras de la Dictadura que impedían considerar a España como una democracia de pleno derecho. El reconocimiento de la pluralidad interna del Estado español era un aspecto que conllevaba el reconocimiento al autogobierno de los pueblos del mismo y, en consecuencia, defender como un derecho fundamental su acceso a un régimen autonómico. En este contexto, la muerte del dictador hace posible que la cuestión nacional y territorial de España salga de nuevo a escena como punto imprescindible si se quiere avanzar hacia una auténtica democratización de la vida pública española. De manera que, para salvar este espinoso asunto, se decidió incluirlo dentro de la agenda de negociaciones que condujeron a la Constitución española de 1978. En ésta se reconocerá un complejo sistema institucional en el que el concepto de España como nación será combinado con el del reconocimiento de estatutos de autonomía para todos los territorios que componen el Estado español. Pero con una peculiaridad, el establecimiento de una distinción bastante oscura entre estos territorios dividiéndolos en dos categorías: regiones y nacionalidades históricas. Una distinción que todavía hoy suscita no pocos conflictos debido a la ambigüedad con la que fue redactada la Constitución española (CE).

El modelo de estado que surgirá de estos acuerdos a derecha e izquierda será bautizado como Estado de las autonomías (tal y como reza el Título VIII de la CE), el cual se caracteriza por organizarse como una estructura descentralizada compuesta por 17 comunidades autónomas (CCAA) que, a su vez, agrupan a las 50 provincias en las que se divide el Estado español. De estas CCAA, la mayoría de ellas hundirán sus raíces en lo que en la época se llamó preautono-mías, es decir, una serie de entes administrativos provisionales (más simbólicos que prácticos) establecidos entre 1976 y 1978 que, supuestamente, pretendían reproducir las regiones en que históricamente se dividía el Reino de España. Como veremos más adelante, Cantabria no fue incluida entre ellas por la negativa del Ministro de las Regiones, Clavero Arévalo, a reconocer su carácter histórico regional tal y como exigía la CE para las “provincias” que aspiraban a conver-tirse en CCAA. Una vez aprobada la CE en diciembre de 1978, solo quedó pendiente que cada CCAA redactase su propio estatuto, lo cual fue realizado por cada una de ellas entre los años 1979 y 1983.

La división de las CCAA en las dos categorías antes descritas (nacionalidades históricas y regio-nes) respondió más a la necesidad de reconocer la especial singularidad cultural, lingüística e histórica de Catalunya, Galiza y Euskadi (debido a la presión que en ese sentido ejercían los partidos nacionalistas catalanes, gallegos y vascos) que a una aceptación auténtica y sentida de la pluralidad española por parte del centro español en el gobierno. Se trataba de integrar estos movimientos en el proyecto de “normalización” de la sociedad española que se estaba diseñando en aquellos años para el futuro estado democrático y liberal. De aquí viene la adopción del término nacionalidades históricas para denominar genéricamente a aquellos territorios que aprobaron en referéndum sus estatutos de autonomía antes de la Guerra Civil, es decir Catalunya, Galiza y Euskadi (aunque en este grupo terminó por integrarse también Andalucía después del referéndum de febrero de 1980); y el de regiones para el resto que no lo hicieron.

Pero no hubo unanimidad entre los partidos políticos españoles a la hora de diseñar este esquema debido a que las reivindicaciones de autonomía no fueron exclusivas de vascos, catalanes y gallegos, sino que también prendieron en el resto de pueblos del Estado español: aragoneses, valencian@s, asturian@s, castellan@s, canari@s, … y como no, también l@s cántabr@s. En realidad, el reconocimiento del derecho a la autonomía de todas las “regiones” españolas fue el fruto de un acuerdo de compromiso entre los diferentes partidos políticos a la hora de elaborar la CE. Por un lado estaban los nacionalistas, que pretendían que en la misma se reconociese el carácter plurinacional de España y se garantizase, al mismo tiempo, el autogobier-no de las nacionalidades históricas (en un Estado español federal o confederal); y por otro lado se encontraba la derecha y el centro-derecha español (la Unión de Centro Democrático y Alianza Popular) para los cuales esto era inaceptable. Así, las intenciones de la UCD y de AP no iban más allá de conceder una tímida descentralización administrativa, mientras que los partidos de la izquierda española (PSOE y Partido Comunista de España-Partit Socialista Unificat de Cata-lunya, principalmente) apostaban por una solución federal a la cuestión autonómica. Finalmente, la necesidad de la UCD de pactar con los catalanistas para consensuar la CE y descrispar la vida política, fue el estímulo necesario que la empujó a flexibilizar su postura (frente a la intransigen-cia que mantendrá AP) generalizando el derecho a la autonomía política y legislativa a todas las “regiones” españolas. Si bien establecerá dos vías distintas de acceso al autogobierno y dos niveles distintos de competencias.

Los territorios considerados como nacionalidades históricas accederán a la autonomía por la vía rápida del artículo 151 de la CE (Catalunya, Galiza, Euskadi y Andalucía), que concede un grado mayor de competencias y el reconocimiento de una singularidad cultural, mientras que las regiones (las otras 13), lo harán por la vía lenta del artículo 143 de la CE que asigna menos competencias y un menor reconocimiento. Adelantamos ahora que Cantabria ingresó en este último grupo no sin vencer antes las múltiples trabas que se pusieron en su camino. Aún así este esquema no se diseñó para ser eterno e inamovible, sino para ser revisado posteriormente con el objetivo de adecuar las grandes diferencias de población, tamaño y estructura económica entre las CCAA a los tiempos futuros y a los retos que la integración en la Comunidad Económica Europea planteaba a España. Por esta razón se previó la posibilidad de reformar los estatutos de autonomía y por esta razón comunidades como Valencia, Navarra, Canarias o Aragón aprovecharon la ocasión en 1998 para aproximarse en la práctica a los niveles de autogobierno de los que disfrutan las comunidades que accedieron por la vía rápida del artículo 151 de la Constitución.

El origen del proceso autonómico en Cantabria Ya hemos hablado anteriormente de cómo la cuestión autonómica centra buena parte de los debates políticos en la época de la transición española de la dictadura a la democracia liberal. Como es lógico, Cantabria no queda al margen de estos debates y de hecho, el comienzo de los mismos, se puede situar en el momento en el que, al hilo de las negociaciones políticas que el Gobierno español mantiene con los nacionalistas vascos al objeto de renovar y actualizar los antiguos Conciertos Económicos, junto a la recuperación de la identidad cultural e histórica del Pueblo Cántabro, algunos sectores de nuestra sociedad se plantearon la posibilidad de recurrir al sistema autonómico como única forma de superar el declive económico que desde los años sesenta marcaba la evolución política de Cantabria. De hecho, la gran crisis mundial de 1973, empeoró notablemente la situación socioeconómica despertando la conciencia política regionalista de la sociedad cántabra la cual, a su vez, había quedado reducida durante la dictadura a la mera manifestación de expresiones folklóricas y al mantenimiento de ciertas instituciones como el Centro de Estudios Montañeses. Por lo tanto serán el estancamiento de los sectores productivos, la pérdida de incidencia en la economía española y el descenso de la Renta per Capita lo que anime un estado de opinión favorable a la consecución de un estatuto de autonomía. Aquellos que piensan de esta forma en Cantabria, se agruparon entorno a la idea de solicitar un Concierto Económico al Gobierno español con el que dejar atrás la crisis. Para tal fin se hizo público un manifiesto el 25 de marzo de 1976, que fue suscrito por 100 personas de diversa ideología, extracción social y formación, incluido Modesto Piñeiro Ceballos, presidente entonces de la Diputación Provincial de Santander (este manifiesto será conocido desde entonces como el Manifiesto de los Cien). A partir de este manifiesto se articulará la Asociación para la Defensa de los Intereses de Cantabria (ADIC) en abril del mismo año, convirtiéndose en una especie de foro en el que se planearán las estrategias oportunas para hacer realidad la obtención de un concierto. A cuenta de esta reivindicación aparecerá una de las figuras quizás más relevantes de la historia contemporánea de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, que será el primer presidente y uno de los fundadores de ADIC. Anteriormente se había producido la formación del Comité Cívico el 24 de enero de 1976.

Este comité aglutinaba todas las corrientes políticas y ciudadanas opositoras a la dictadura y partidarias de la ruptura democrática con el régimen, apareciendo vinculado al PCE. La impor-tancia de este colectivo radica en que en su manifiesto fundacional publicado en la prensa mues-tran la primera toma de contacto en estos años con los problemas socioeconómicos particulares de Cantabria, aunque las soluciones que proponían estaban vinculadas a las formulaciones ge-neralistas que estos mismos grupos defendían en todo el Estado español. A fin de cuentas todos eran grupos de ámbito estatal. Aún así, el Comité Cívico merece ser tenido en cuenta pues será el primer colectivo que públicamente exprese su rechazo al régimen dictatorial en la Cantabria de la transición. A tal efecto convocaron una manifestación el día 7 de febrero que se convirtió en la primera de la democracia en nuestra tierra. Sin embargo, la aparición de una asociación como ADIC obedeció precisamente a la sensación de orfandad de sus integrantes a causa de la inca-pacidad del Comité Cívico para asumir soluciones propias a los problemas propios de Cantabria. Por ello ADIC nace con el objetivo de impulsar la conciencia regional y proponer soluciones con-cretas a los problemas concretos de la entonces Provincia de Santander. Desde el comienzo tuvo claro que no debía vincularse a ninguna ideología ni posicionarse a favor de ningún partido político, sino que su deber consistía en atraer a todos los agentes sociales que componían la rea-lidad cántabra con el fin de ejercer una presión mayor sobre el gobierno central.

Sin embargo su apoliticidad y su definición interclasista no impidió que la composición funda-mental de sus bases sociales fuera obrera con la participación de algunos sectores del empresa-riado y de la administración local de la provincia. Con ese marcado carácter plural hará su apari-ción pública. Como bandera de reivindicación ADIC se caracterizará por hacer una valoración negativa de la evolución económica y por su empeño en la recuperación de las señas de identidad cultural e históricas de Cantabria. Una identidad que estimó en serio peligro de extinción y que todavía hoy sigue siendo su principal preocupación. La reivindicación del Concierto Económico, semilla del autonomismo Desde febrero de 1976 se suceden las peticiones y las declaraciones públicas favorables a la obtención de un concierto como el que se estaba negociando en aquellos momentos para las tres provincias vascongadas y Navarra. Paulatinamente irán apareciendo en los medios de comunicación las proclamas favorables de diversos organismos de la entonces provincia tales como: Ayuntamiento de Santander, Ateneo de Santander, Colegio de Ingenieros Industriales, Ingenieros de minas, trabajadores, Consejo Provincial de Empresarios, Joven Cámara de Torrelavega, etc. En el mes de junio Modesto Piñeiro, Presidente de la Diputación Provincial, enviará una serie de cartas a los alcaldes y presidentes de juntas vecinales de Cantabria para que se adhieran a esta petición. En esa serie de cartas se adjuntó la petición formal de la Diputación al Gobierno español para iniciar las negociaciones oportunas y la formación de una comisión encargada de realizar su estudio para la potencial aplicación de un concierto a todas las provincias españolas que lo deseen. Sí, tenemos que decir que buena parte de las instituciones y organismos que se sumaron a la solicitud del concierto estaban representa-das por miembros de ADIC. De ahí que ADIC se erija en el colectivo más importante del desper-tar de la conciencia regional así como en el grupo que más presión haga con sus campañas de sensibilización y sus movilizaciones populares. El concierto será el estimulante que active la preocupación por los problemas locales y por la marginación de la que Cantabria es objeto por parte del Gobierno español. Revilla iniciará una campaña por los pueblos y ciudades del país para recabar apoyos a favor del Concierto económico. Su teoría era simplista pero eficaz. Se resumía en la visión de Cantabria “ordeñada como una vaca” por el Gobierno central. De manera que, ante semejante despropósito, urgía la consecución de un concierto específico para la Provincia de Santander y no uno general para lo que entonces se conocía como Castilla la Vieja (región virtual en la que siempre se integraba a Cantabria). La importancia de esta matización subyace en su desconfianza tanto hacia el centralismo español de Madrid como hacia el centralismo castellano de Valladolid. Se entendía que el problema fundamental de Cantabria era el centralismo en todas sus versiones, de manera que el origen de todos los males que padecía la provincia procedía del mismo. Así, esta conclusión convencerá a los miembros de ADIC de que acabar con el centralismo es vital para superar el estancamiento económico del país. Por ello se abre la petición de un régimen autonómico propio para Cantabria junto a la reivindicación por el concierto. Desvincularse de Castilla y del proceso autonómico que se estaba cocinando para ella se convertirá, paso a paso, en el principal objetivo de ADIC, pero también del resto de organizaciones y colectivos que aspiran a reformar las estructuras de la entonces provincia. La autonomía será entendida como un derecho, para lo cual se hace preciso afirmar las señas de identidad históricas y culturales del Pueblo Cántabro. De esta manera, junto a las reivindicaciones más específicamente políticas, asistimos a la aparición de un discurso regionalista identitario que desde entonces acompañará a todo acto o manifestación pública de contenido cantabrista. Dejar claro que Cantabria tiene una serie de señas de identidad que le son propias y que corresponden a la cultura de un pueblo distinto del castellano será fundamental para conquistar el régimen autonómico. Una vez que el gobierno español empiece a definir el mapa de las “regiones” españolas que pueden aspirar a la preautonomía y, por lo tanto, a un estatuto, se hará estrictamente necesario que Cantabria afirme, lo que se llamó, su entidad regional histórica. Como dejamos escrito antes, las preautonomías se establecieron en base a las “regiones históricas” de España, tal y como se habían entendido los reinos de la Hispania medieval. Por eso Cantabria, al formar parte del Reino de Castilla, no era considerada como tal región y el gobierno central no se mostraba muy partidario de reconocerla el régimen preautonómico. De todas formas el discurso identitario cántabro no era algo nuevo en la “provincia” sino que sus primeras manifestaciones databan del siglo XIX pero, como dijimos más arriba, la dictadura lo había reducido al folklore y a alguna que otra publicación en prensa o revista. Algo curioso que debemos comentar es que al calor del debate de a qué región debía adscribirse Cantabria surgió una discusión en la que no solo se defendió la permanencia en Castilla, sino que se llegaron a plantear otras opciones más llamativas como la integración en Euskadi, la integración en Asturias, la formación de una mancomunidad cantábrica de Asturias, Cantabria y Euskadi; la creación de una macrorregión formada por Cantabria, Asturias, León, Palencia y Burgos, etc. Amén, por supuesto, de la defensa a ultranza de la viabilidad de una autonomía uniprovincial para Cantabria. El hecho es que lo que revela este estado de opinión es la cada vez más problemática pertenencia de Cantabria a Castilla la Vieja. De manera que las opiniones no eran unánimes al respecto. El 15 de abril de 1976 se constituyó en Cantabria la Alianza Regional de Castilla y León dirigida por Carmen Cossío, cuya incidencia se redujo a una evocación nostálgica en la prensa acerca del pasado glorioso de Castilla. A pesar de todo pronto desaparecerá pero se convertirá en el embrión de otras organizaciones que aparecerán en el futuro a medida que el autonomismo vaya calando en la sociedad cántabra. En paralelo existirá otra asociación llamada Cantabria Unida, más radical que ADIC en tanto en cuanto solicitaba también la recuperación del nombre natural del país, Cantabria, pero además proponía la recuperación de las hablas comarcales de Cantabria (embrión del conflicto lingüístico hoy en día existente) y la sustitución de la bandera provincial por el Lábaro, bandera entendida por ellos como la histórica que habrían esgrimido los antiguos cántabros en su guerra contra Roma. Esta asociación, conocida también como Cantabria Atropá, no enlazará con las preocupaciones más reales de la sociedad cántabra y su espacio será ocupado rápidamente por ADIC. Pero sin embargo será importante recordarla porque posiblemente sea el origen del incipiente nacionalismo cántabro que se manifieste en los años venideros. Con posterioridad a todo esto, en el verano de 1976, ADIC escribirá una carta al presidente del Gobierno, Carlos Arias Navarro, solicitando un “Régimen administrativo especial” para Cantabria debido al abandono y la mala gestión realizada por sus funcionarios en esta tierra. Al mismo tiempo se le pediría la posibilidad de autoadministrar una parte de los ingresos y los gastos de la provincia y, para negociar todo ello, se le solicitaba audiciencia para tratar personalmente con él estos asuntos. Con la intención de dejar clara la firme determinación de ADIC de llevar hasta el final la persecución de un régimen autonómico y un concierto, convocarán una manifestación por las calles de Santander para el día 10 de julio que congregará a unas cinco mil personas. En la misma, Miguel Angel Revilla hará un mitin en el que acuse a la burguesía de Santander de apatía y de ineficacia administrativa al frente de los órganos de gobierno de la Provincia de Santander. Por ello afirmará que el resurgir del debate autonomista en Cantabria es responsabilidad suya al anteponer sus intereses particulares a los generales de toda la comunidad. Finalmente la Junta Directiva de ADIC se entrevista con el Vicepresidente del Gobierno español, Alfonso Osorio, el 22 de julio. Nunca se llegará a negociar el Concierto Económico pero su poso permanecerá en el tiempo despertando la conciencia regional de l@s ciudadan@s y estimulando la reivindicación permanente en defensa de los intereses específicos de Cantabria. Inicios del proceso autonómico Después de esta especie de preámbulo que sienta las bases sobre las que se irá dilucidando la cuestión de la autonomía, se produce la elección de Leandro Valle, miembro también de ADIC, como nuevo Presidente de la Diputación Provincial, en mayo de 1977, y la convocatoria de elecciones generales que se celebrarán el 15 de junio de ese mismo año. Estas elecciones son trascendentales porque son las primeras que se celebran en el Estado español desde febrero de 1936, razón por la que las negociaciones políticas de la Transición dependerán de su éxito. Finalmente las vence la UCD de Adolfo Suárez quedando segundo el PSOE y garantizándose estos dos partidos desde entonces el reparto de poderes y la hegemonía política en el parlamento español. De este resultado dependía el proyecto de redactar una Constitución que normalizase definitivamente la vida política en el Estado español. En Cantabria estas elecciones también son ganadas por la UCD de Justo de las Cuevas. De esta forma la UCD se establece en los ámbitos estatal y cántabro como el partido clave para asegurar la autonomía de Cantabria. Solo él puede inclinar la balanza a favor o en contra de dicho proceso. Por de pronto el partido se encuentra dividido respecto a esta cuestión, aunque defiende inconfundiblemente la transformación de España en un estado descentralizado. Pero como decimos, todavía no tendrá una postura interna coherente en el caso de Cantabria. Será gracias al éxito de las campañas sociales que realiza ADIC, la pertenencia de algunos miembros de la ejecutiva centrista a esta asociación y la cada vez más clara orientación de la opinión pública a favor de la autonomía, lo que hará que el peso mayoritario dentro del partido vaya cayendo de parte de los sectores proautonomistas de la UCD. Entre los partidos de la derecha parece clara la oposición de AP y del resto de fuerzas de la extrema derecha, salvo FE-i y FE-a que son los únicos grupos de este espectro ideológico que se integraron en el Organismo Unitario para la Autonomía de Cantabria, aparecido en agosto de 1977.

Entre los partidos de la izquierda hay una postura unánime a favor de la autonomía, dándose el caso de que algunos de ellos están dispuestos, incluso, a ir más allá llegando a apoyar un estado federal en el que Cantabria fuese uno de los estados miembros. Por no hablar de quienes apoya-ban el derecho a la autodeterminación. Sólo en el caso del PSOE la petición de autonomía parece-rá un poco más tibia dependiendo del momento y de la inspiración de su secretario general. Así pues, la UCD como vencedora de las elecciones de junio convoca al resto de los diputados elegi-dos por Cantabria para constituir una Junta de Parlamentarios que comparecerá públicamente el 1 de agosto. Esta Junta redacta un manifiesto en el que se compromete a propiciar la redac-ción de un Estatuto de Autonomía para Cantabria. No es de extrañar esta iniciativa una vez que en el mes de junio ADIC había organizado el I Festival de Música Regional en el que ya expresa-mente pidió la elaboración de un estatuto de autonomía para Cantabria, una vez que en julio hizo aparición otro grupo llamado Comunidad Regionalista Cántabra y algo más tarde el Movimiento Nacionalista Cántabro; una vez que el 29 de julio los partidos PTE, PSP, Partido Carlista y ORT piden públicamente la autonomía, o una vez que los miembros del PTE, Gómez Acosta y Antonio Montesinos, presentan en Torrelavega la alternativa de su partido a la autonomía. Es decir, la dinámica de las organizaciones políticas de base es claramente autonomista y de aquí que el 10 de agosto de 1977 haga su aparición pública el Organismo Unitario para la Autonomía de Cantabria (OUAC), compuesto por los colectivos ADIC, Cantabria Unida, ADM, CSUT, CCOO, UGT, PTE, PSP, PSOE, PSOE-h, PCE, Partido Carlista, ORT, ID, FPD, o las ya mencionadas FE-i y FE-a. Composición que, por otro lado, destaca el marcado carácter progresista de sus miem-bros, con las salvedades de las falanges y del FPD. Apenas cuatro días más tarde, en el Día de la Montaña de Cabezón de la Sal, el OUAC pide públicamente la autonomía para Cantabria. Esta misma organización convocará una manifestación en Santander para el día 27 de agosto que pasará a la historia, no solo por ser aquella en la que la Policía golpeó al Secretario General del PSOE en Cantabria y diputado en el Congreso, Jaime Blanco, sino por ser la más numerosa jamás realizada en toda la historia de Cantabria al congregar a unas 20.000 personas a pesar del mal tiempo reinante en la jornada. Toda esta dinámica popular será la que lleve a la UCD a apostar definitivamente por la autonomía pero dejando la puerta abierta a la integración en Castilla, solución aprobada en su Comité Provincial del 21 de agosto para contentar a los sectores más reacios del partido. Por lo que se entiende que hasta aquí era fundamental el liderazgo interno de Justo de las Cuevas en el comité ejecutivo. División de opiniones en el interior que quedó clara cuando el 12 de septiembre, el diputado cántabro por UCD, Francisco Laínz, acudió a la Junta de Parlamentarios de Castilla y León celebrada en León en representación de la Provin-cia de Santander. Finalmente el OUAC se disolverá a finales de año cuando ADIC abandone el organismo por discrepancias internas, optando cada grupo, desde entonces, por seguir su propia iniciativa en pro de la autonomía. Pero ello no debilitará en absoluto la carrera hacia el estatuto pues, en octubre, el Congreso Regional del PSOE afirma sus intenciones de conseguir una Cantabria autónoma y tanto ADIC como otros colectivos minoritarios siguen adelante con sus actividades a favor del estatuto (ADIC enviará una carta al Ministro Clavero Arévalo solicitán-dole la autonomía). Sin embargo, a pesar de seguir extendiéndose la causa del autonomismo, a principios de 1978 (18 de febrero) se conoce el proyecto de preautonomía de Castilla y León en el que se invita a la Provincia de Santander a incorporarse, dándola un plazo de 15 días para tomar una decisión. En este proyecto participaría el diputado ucedista Francisco Laínz en repre-sentación de Santander. La publicación del texto es tomada como una provocación por parte de los sectores cantabristas, mientras que el PSOE no sabe muy bien qué decisión adoptar y en la UCD se reabre la controversia interna. Realmente esta fue la prueba de fuego que tuvieron que superar las organizaciones que decían estar a favor de la autonomía. Inmediatamente después, la ID del senador Benito Huerta (firme defensor del autonomismo desde el principio del proce-so), se reafirma en su vocación estatutaria, ADIC amenaza con movilizaciones y se convoca una reunión de las fuerzas políticas partidarias de la autonomía en la que se acuerda iniciar una cam-paña de recogida de 50.000 firmas para enviar al Ministro de las Regiones y a los parlamenta-rios cántabros. Al final, en el mes de marzo, la Junta de Parlamentarios de Cantabria responde a la invitación de sus homólogos castellanos declinando la invitación y pasando a continuación a discutir un borrador de estatuto de preautonomía que será entregado al gobierno en el mes de julio de 1978. Por su parte AP, en el mes de marzo, dejará clara su opinión expresándose una vez más a favor de la unión con Castilla, o en mayo será la UNE la que se declare partidaria de hacer un referéndum al respecto para saber la opinión de l@s cántabr@s sobre esta cuestión, no desaprovechando la ocasión para atacar a ADIC y a la Junta de Parlamentarios. Antes, el 26 de abril de 1978, se efectua una reunión entre la Junta de Parlamentarios de Cantabria y el Ministro de las Regiones, en la que éste se muestra reacio a la propuesta de los parlamentarios de celebrar un referéndum y manifiesta las dificultades que él aprecia para que Cantabria conquiste su autonomía. A pesar de este contratiempo, como se dijo, la Junta de Parlamentarios aprueba un documento en su pleno del 9 de mayo en el que ya, de manera formal, se solicita del gobierno el régimen preautonómico, aunque en dicho documento no se excluirá la posibilidad de “asociarse” a entes vecinos (es decir, a Castilla), motivo por el cual Benito Huerta se negó a firmarlo. De manera que, aunque a trompicones, la causa autonomista se encuentra en marcha y será el PSOE el que elabore el primer proyecto de preautonomía. Proyecto que es aprobado definitivamente el 16 de julio y entregado al gobierno dos días más tarde. Al tiempo que se desarrolla todo este proceso continúan los actos a favor de la autonomía y de reivindicación identitaria cántabra. Así tenemos la primera celebración del Día Infantil de Cantabria organizado por ADIC y el colegio Torreblanca. Se calcula que acudieron entorno a 80.000 personas, cifra y éxito de público que fueron determinantes a la hora de adoptar la determinación de realizarlo todos los años a partir de entonces el primer domingo de cada mes de junio. Pero este acto no es el único, pues continúan las charlas por los pueblos y las polémicas en la prensa sobre la viabilidad de un régimen autonómico para Cantabria. Se organizó el II Festival de Música Regional, participando otros colectivos en su organización aparte de ADIC, estando marcada esta edición por un fuerte carácter reivindicativo ante los constantes órdagos de los sectores castellanistas de Cantabria. De hecho estos sectores no permanecen impasibles y continúan con sus presiones contrarias a la consecución del estatuto. De forma que a finales del mes de junio de este año aparece publicado en el BOE el decreto de preautonomía de Castilla y León en el que son incluidas sin consulta las provincias de Santander y Logroño. Esto es lo que motivará que ADIC, como principal representante de los sentimientos cantabristas, envíe 30.000 cartas al Ministro de las Regiones pidiendo la autonomía junto a las 50.000 firmas recogidas (julio de 1978). Pero además ratificando su amenaza a la UCD (ya realizada en el mes de abril) de que si no clarificaba su postura sobre la autonomía y eliminaba los obstáculos que ponían en el proceso sus propios miembros, ADIC boicotearía su candidatura en las próximas elecciones municipales de abril de 1979. Y no son de extrañar esas posturas ambiguas. En el seno de la UCD continuaban los choques entre partidarios y contrarios de la autonomía de Cantabria. De hecho, en una reunión del partido celebrada en Santillana, los partidarios de la inclusión en Castilla, representados por los parlamentarios Laínz, Piñal y González Tarrio, habían intentado desbancar a Justo de las Cuevas para hacerse con el control de la UCD, pero salieron derrotados. El 13 de agosto, Justo de las Cuevas realiza un manifiesto autonomista en el Día de Cantabria de Cabezón solicitando el apoyo de l@s ciudadan@s al proyecto presentado al gobierno en julio, pero simpatizantes cantabristas lo increpan porque siguen percibiendo una postura ambigua en la UCD. Tanto es así que apenas una semana más tarde, el 20 de agosto, se presenta públicamente el manifiesto fundacional de la Asociación Cantabria en Castilla (ACECA), manifiesto firmado por 358 personas entre las que se encuentran numerosas personalidades de la vida pública, como Francisco Laínz, Francisco Ignacio de Cáceres, Miguel Angel García Guinea o Isabelino Cea, entre otras personas del mundo empresarial, navieros, industriales, altos funcionarios del estado en Cantabria, etc. ACECA será un extraño conglomerado asociativo que a través de la prensa, fundamentalmente, propiciará una recogida de firmas con la que pretenderá frenar la marcha autonómica. Más tarde se descubrió que entre los supuestos adhirientes había fallecidos, niños y hasta miembros de ADIC, que después denunciaron la falsificación de sus firmas y la manipulación de la campaña. Este hecho originó una buena polémica pues según los cantabristas se demostró que quienes se oponían a la autonomía eran principalmente miembros de la oligarquía santanderina, castellanos que residían en Cantabria y la propia extrema derecha española que se resistía a cualquier concesión descentralizadora fuese cual fuese la “región” beneficiaria. Ante esta nueva amenaza al proceso y la proximidad de la reunión que debía mantener la Junta de Parlamentarios de Cantabria con el Ministro Clavero Arévalo, los partidos y sindicatos autonomistas hicieron una nueva declaración a favor del proyecto autonómico. El 28 de septiembre se celebró la esperada reunión en la que el Ministro Arévalo rechazará el proyecto presentado justificando su decisión en la supuesta falta de consenso alcanzado entorno a él. La autonomía parecía definitivamente perdida. Parece lógico pensar que la verdadera causa de la negativa del ministro hay que buscarla no solo en la ambigüedad del texto, sino también en los movimientos de los parlamentarios cántabros vinculados a la ACECA (como el representante de AP, Modesto Piñeiro, antiguo presidente de la diputación). Fase decisiva del proceso autonómico A pesar del golpe las puertas aún no estaban cerradas. Una vez que queda fijado el mapa de las Preautonomías en España, la única salida a la situación es la que establece la Constitución, es decir, que aquellas “regiones” que no han sido incluidas como preautonomías, pueden convertirse en CCAA si lo solicitan las dos terceras partes de los municipios que representen dos tercios de su censo electoral. A partir de esta posibilidad, ADIC y los grupos estatutistas, rediseñarán su estrategia centrándose en las elecciones municipales que se celebrarán en abril de 1979. A tal efecto Miguel Ángel Revilla, como presidente de ADIC, propuso entonces un debate con la pretensión de convertir la asociación en un partido político. La idea consistía en presentarse a las elecciones municipales para que desde los ayuntamientos, los miembros de ADIC que saliesen elegidos como alcaldes o concejales promoviesen el voto favorable al proyecto de preautonomía desde los mismos. Así se conseguiría reunir el número necesario de ayuntamientos para desbloquear la situación. En Cantabria era preciso que fuesen al menos 67 los ayuntamientos que votasen a favor. Por su parte el PCE, PTC, ORT, MCC, CSUT, CCOO, UGT, SU y ADIC de la comarca de Campóo hacían pública su adhesión a la autonomía. Y el 20 de octubre, a la vez que el PSOE presenta su Compromiso Autonómico con el que pretende implicar al resto de partidos para que sus próximos munícipes inicien la petición autonómica, las diferentes fuerzas sociales partidarias de la autonomía convocan una manifestación el día 21 de octubre a la que no acuden ni el PSOE ni UCD, pero sí lo hacen unas 5000 personas. Los grupos convocantes serán ID, MCC, ORT, Partido Carlista, PCE, PTC, CCOO, CSUT, UGT y SUC, más el apoyo de ADIC. Lógicamente AP y UNE tampoco harán acto de presencia al ser contrarias a todo el proceso que se está desarrollando. Unas semanas después vendría al mundo el Partido Regionalista de Cantabria (PRC), concretamente el 13 de noviembre, que se presentaría oficialmente el 16 del mismo mes. Sus ideólogos serán Miguel Ángel Revilla y Esteban Solana y, aunque pueda parecer lo contrario, en este momento hubo algunos sectores dentro del partido, sobre todo los que procedían del PCE, que hicieron la propuesta de definirlo como nacionalista, pero fue rechazada ya que se entendía que aún no era el momento oportuno para ello. Pocos días antes de la aprobación de la CE, el Centro de Estudios Montañeses publicaba un estudio con el que afirmaba que Cantabria contaba con tantos rasgos diferenciales como cualquier otro pueblo del Estado español y, por lo tanto, se ajustaba perfectamente a la categoría de entidad regional histórica requerida por la CE. Este informe fue el espaldarazo que necesitaban las tesis del autonomismo pues ponía en tela de juicio los argumentos historicistas que esgrimían los miembros y simpatizantes de ACECA, que exaltaban los vínculos tradicionales que la provincia había mantenido en el pasado con Castilla. Sin embargo esta organización, meses más tarde, cuestionaba este informe porque creían que Cantabria, sin Castilla, carecía de cualquier legitimidad histórica. Al finalizar el año, ADIC celebra su III Asamblea General en Puente Viesgo. La importancia de esta reunión se encuentra en que en ella, por primera vez en su historia, la asociación apoya a un partido político, el PRC de Revilla. El año 1979 significó un avance enorme en el camino hacia la autonomía aunque continuaron las discrepancias internas en el seno de los partidos. Pero el necesario pacto autonómico del que carecía el proceso terminó por llegar el 5 de febrero de 1979. Ese día el PSOE, PCE, PRC, PTC, Partido Carlista y ORT firmaron el Compromiso autonómico elaborado por el PSOE. Este acuerdo no fue firmado por la UCD al inicio pero posteriormente, cuando se produjeron las votaciones en los ayuntamientos, se sumó también al mismo. Tras las elecciones generales de marzo y las municipales de abril de 1979 la UCD nuevamente fue la fuerza política más votada y el PSOE se consolidó como principal partido de la oposición. El PRC cosechaba un gran éxito electoral (unos 30.000 votos) quedando por encima del PCE y de AP en número de sufragios. Así se constituía una de las características de la política cántabra: la consolidación de un tercer espacio electoral ocupado por el cantabrismo político. Una vez establecido el panorama municipal de Cantabria con la elección de las nuevas corporaciones locales y con la elección de José Antonio Rodríguez como nuevo Presidente de la Diputación Provincial, comienza lo que se ha dado en llamar la Carrera Autonómica. Los nuevos representantes de los partidos en los trabajos de la ponencia serán: por UCD, Alberto Cuartas Galván, Ciriaco Díaz Porras, Leandro Valle, Ambrosio Calzada, Alberto Mateo y Mariano Linares; por el PSOE, Jaime Blanco, Mario García Oliva y Jesús Cabezón, y por el PRC, Esteban Solana. En base al compromiso suscrito por las organizaciones políticas y a la nueva composición de los ayuntamientos, el 30 de abril, el ayuntamiento de Cabezón de la Sal, regido por Ambrosio Calzada, se convierte en el primero que solicita oficialmente la autonomía para Cantabria. En el curso de las semanas siguientes se irán sumando por decenas otros ayuntamientos de la todavía llamada Provincia de Santander. Como anécdota cabe decir que el 26 de abril de 1979 fue izada por primera vez de manera oficial la bandera blanquirroja de la CAC en la Diputación. Al día siguiente José Antonio Rodríguez se convertía en el nuevo Presidente del Palacio de Puertochico. El ayuntamiento de Santander, dirigido por Juan Hormaechea, se sumó al movimiento por la autonomía con una moción presentada en el pleno extraordinaria del 18 de mayo, aprobada por mayoría de 24 concejales y la abstención de los 3 de la Agrupación Independiente de Derechas (AID) de Javier Arrarte de la Revilla. Apenas un mes más tarde ya eran 68 los municipios del país que se habían pronunciado a favor de la alternativa autonómica. El pleno extraordinario de la Diputación Provincial del 21 de junio de 1979, atendiendo al movimiento mayoritario de los municipios cántabros, acordó por unanimidad solicitar al Gobierno español la autonomía para Cantabria por el artículo 143 de la CE. Este hecho es lamentado por el PRC pues este partido aspiraba acceder al autogobierno por el 151 de la CE. Acusará a los miembros de los partidos mayoritarios, UCD y PSOE, de falta de coraje para realizar un planteamiento algo más ambicioso. Esta situación obedece a la necesidad de “racionalizar” el proceso autonómico en todo el Estado español tras la elaboración y referendo de los estatutos catalán y vasco, la aprobación de la Ley del Tribunal Constitucional y la aprobación de la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas. Luego de estos tres acontecimientos de importancia para el futuro de la transición política, el ambiente se enrarece entre PSOE y UCD por las presiones y la inestabilidad que se ejercen sobre el Gobierno español tanto desde dentro como desde fuera. Así, tras la consigna de “racionalizar” el proceso autonómico se oculta la pretensión de limitar el Estatuto de Galicia y disuadir a Canarias, Valencia y Andalucía en su voluntad de acceder a la autonomía a través del artículo 151 de la CE. Este objetivo se conseguirá en el caso de los dos primeros, pero no en el caso de Andalucía que después del referendum que celebra en febrero de 1980, se acoge a esta vía. Así, se entiende que en Cantabria, tanto UCD como PSOE, no estuviesen dispuestos a desestabilizar la situación aún más permitiendo que una “provincia” se convirtiese de la noche a la mañana en una nacionalidad histórica acogiéndose a la vía del 151, pues temían que el proceso autonómico se les fuera de las manos. No solo el PRC aspiraba al 151, sino también ADIC y el PTC de Isabel Tejerina. De esta forma observamos la consolidación de un espacio político electoral de marcado carácter cantabrista y de izquierdas con una acentuada predisposición a la movilización popular. De forma que, descartada la vía del 151, Cantabria se acoge a través de la voluntad de sus instituciones, a la vía lenta del 143. A partir de este momento se notifica el divorcio definitivo entre lo que son las organizaciones que copan las instituciones de la provincia y las que copan las actividades a pie de calle en favor del autogobierno del Pueblo Cántabro. El 10 de septiembre se constituye la Asamblea Mixta de parlamentarios estatales y diputados provinciales compuesta por 22 miembros de UCD, 11 del PSOE y 1 del PRC. A su vez, ésta nombra la ponencia de diez miembros que se encargarán de redactar el anteproyecto de estatuto de autonomía bajo las directrices de UCD. Su composición será: 6 miembros de UCD, 3 del PSOE y 1 del PRC. Al mismo tiempo, el 11 de septiembre comienzan las Jornadas pro Estatuto organizadas por ADIC para redactar un estatuto paralelo al que se va a elaborar oficialmente. En los trabajos participaron organizaciones políticas y sindicales de diversa representatividad y consistieron en una serie de charlas y debates cuyas conclusiones sirvieron para redactar el mencionado Estatuto Paralelo. Este fue concluido el 30 de octubre y presentado a los medios de comunicación el 3 de noviembre de 1979. En él Cantabria quedará definida como nacionalidad, lo cual creará fricciones con el PRC (en la persona de Eduardo Obregón), pero también se propondrá cambiar el nombre de Diputación por Junta de los Valles, se recogerá un régimen fiscal bastante amplio, se defenderá una descentralización profunda intracomunitaria, etc. El 26 de noviembre ADIC entregará su proyecto de estatuto a la comisión redactora de la Asamblea Mixta, con lo que se adelantará a los propios trabajos de ésta, y a continuación organizará la Marcha Atlética a favor de la autonomía que culminará con la colocación de una placa en la cima de Peña Vieja por el II Centenario de la constitución de la Provincia de Cantabria en 1778. Su texto decía así: Los que en el pasado consiguieron el reconocimiento de las libertades de Cantabria y los que por ella lucharon y lucharán en el futuro. Antes de que finalice el año, el 9 de diciembre de 1979, los regionalistas y nacionalistas del Estado español con representación en el Congreso de los Diputados, son invitados al I Congreso Regional del PRC. En él se comprometen a defender en Madrid la autonomía de Cantabria. Esto será crucial porque algunas enmiendas del PRC al proyecto de estatuto serán defendidas en el Congreso por el PNV. Por su parte, los trabajos de redacción del estatuto comienzan el 15 de septiembre. Popularmente los santanderinos llamarán a éste el Estatuto de Puertochico. La documentación del mismo irá acompañada por la solicitud de autonomía que suscriben los 85 ayuntamientos cántabros que la han respaldado. Esta solicitud, junto a su documentación, será enviada inmediatamente al Ministro de Administración Territorial, Don Antonio Fontán. Los socialistas, en noviembre, proponen por primera vez que el nombre de Provincia de Santander sea sustituido por el de Cantabria pero la propuesta no será aceptada en esta ocasión. En diciembre, el senador del PSOE Mario García Oliva, presentaba en el senado una proposición de ley en ese sentido que será rechazada el 4 de marzo de1980. El 10 de enero de 1980 queda prácticamente redactado el Estatuto de Autonomía para Cantabria. El órgano autonómico se llamará Diputación Regional de Cantabria. En el Paraninfo de las Llamas ADIC celebrará su IV Asamblea General el 20 de enero, la cual sentará las bases ideológicas del autonomismo regionalista. Según palabras de su presidente, Rafael de la Sierra, ADIC debía mantenerse independiente de cualquier partido político y subrayó que la conciencia de ser diferentes y la capacidad de autogobierno y de decisión política y económica, eran requisitos necesarios para que Cantabria accediese a su autonomía. El 14 de febrero, el Boletín Oficial de la Provincia publica el anteproyecto de estatuto. El 25 de febrero las fuerzas sociales más cantabristas y progresistas conforman, junto a ADIC, el Frente de rechazo al anteproyecto de estatuto de autonomía por entenderlo insuficiente para Cantabria. Los integrantes serán Sindicato Democrático de Ganaderos Montañeses (SDGM), Unión de Agricultores y Ganaderos Montañeses (UGAM), Asociación de Amas de Hogar y Consumidoras, Asociación de Afectados por la Vivienda de Cantabria (AFEVIC), Concejo Cántabro de la Juventud (CCJ), Sindicato Cántabro de Trabajadores (SCT), SUC, Partido Carlista de Cantabria, Joven Guardia Roja, Unión de Juventudes Maoístas (UJM), MCC, PTC y la propia ADIC. Como medida de presión y como prueba de fuerza, convocaron una manifestación para el día 26 de abril de 1980 a la que acudieron aproximadamente medio millar de personas. Aunque los objetivos que se marcaron no prosperaron, se puede decir que de este grupo de convocantes se nutrirían en el futuro las bases del movimiento nacionalista cántabro, haciendo su aparición pública el 19 de mayo un Partido Nacionalista Cántabro (PNC) de la mano de algunas personas escindidas del PRC. Su vida fue breve. De forma paralela a la consolidación de un espacio social cada vez más claramente nacionalista y potencialmente desestabilizador, asistimos a un acercamiento de los medios de comunicación a las tesis y estrategia autonómica de los partidos del sistema, con lo que se dificultó el acceso de estos grupos a la prensa como forma de transmitir sus propuestas a la sociedad cántabra. A partir del mes de marzo comienza la etapa de estudio y discusión de las 110 enmiendas presentadas al Anteproyecto y para el mes de abril se inician los debates sobre el texto. En realidad toda la primera mitad del año 1980 es consumida por la Asamblea Mixta en el estudio de estas enmiendas. Entre ellas cabe destacar la que hiciera ACECA a la totalidad del anteproyecto por entender que Cantabria no se acomodaba al concepto de entidad regional histórica, argumento al que se sumará el Congreso Provincial de AP que insistirá en incluir la provincia en la autonomía castellana. El PRC intentará, a su vez pero sin éxito, cambicar el nombre de la Diputación por el de Junta de los Valles, modificar la división comarcal y corregir el excesivo peso que se adjudica a la capital. Finalmente el Anteproyecto será aprobado el 2 de junio por 19 votos a favor y 12 en contra, siendo los votos en contra los del PSOE y los del PRC. El PSOE explicó su postura de forma confusa. Al día siguiente el pleno de la Diputación rechazará cambiar el nombre de Santander por Cantabria. El 19 de junio el Presidente de las Cortes, Landelino Lavilla, recibió de manos de la comisión de parlamentarios de Cantabria, presidida por Justo de las Cuevas, el texto del Proyecto y en el mes de agosto el BOE publicó su contenido. Mientras cada partido presentaba sus enmiendas, 62 municipios se pronunciaban a favor del cambio de nombre de Santander por Cantabria y en diciembre de 1980 ya eran 78. Desde este momento dan comienzo los farragosos trámites parlamentarios de debate del Proyecto de Estatuto en Madrid que durarán hasta finales de 1981. El 23 de octubre dará comienzo la discusión del Estatuto en el Congreso en la que Manuel Fraga, a la sazón portavoz de Coalición Democrática, plantea una enmienda a la totalidad al entender que Cantabria no debe separarse de Castilla pues carece de identidad histórica o cultural para ello. Alianza Popular suscribirá las afirmaciones de Fraga y se reiterará por la inclusión en Castilla. En el mes de diciembre tendrá lugar la ya famosa V Asamblea de ADIC que pasará a la historia contemporánea de Cantabria por ser en la que se apruebe la ponencia en la que Cantabria queda definida como nacionalidad y la asociación se decanta de forma clara por la defensa de un proyecto nacionalista para el país. Este acontecimiento no hará sino cimentar el ya imparable divorcio entre ADIC y el PRC que se materializara el año anterior cuando Miguel Ángel Revilla fuera suspendido temporalmente de militancia en la misma. Durante el lapso de tiempo que duran los trámites en el Congreso de los Diputados se van sucediendo las crisis en la UCD y su Gobierno. No solo por la resaca del referéndum andaluz, sino también por el Golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 y por el Informe Enterría. Este informe fue un golpe durísimo, otro más, al proceso autonómico cántabro. Su origen se encuentra en cuando el nuevo Gobierno español presidido por Calvo Sotelo trata de “reconducir” la cuestión autonómica. Así en el mes de marzo encarga a una comisión de expertos presididos por Eduardo García de Enterría dicho informe que es publicado dos meses más tarde, el 16 de mayo. Su aparición coincide poco después de que la Ponencia Constitucional termine de estudiar el Estatuto de Autonomía (29 de abril). Entre sus muchas conclusiones nos interesa la que atañe a las comunidades uniprovinciales como la nuestra. Sugiere que unos mínimos de extensión, población o recursos materiales eran más importantes que cualquier argumento de tipo histórico y que, de estos, el haber disfrutado de una singularidad institucional en el pasado debía ser lo más determinante. Veía como inviables las comunidades uniprovinciales de menos de un millón de habitantes y exiguo territorio que no fueran entidad regional histórica. Por lo tanto desaconsejaba la autonomía de cualquier provincia de características similares a la nuestra. Como es lógico, su publicación provocó una ola de reacciones críticas en cadena por parte de personalidades de la cultura y de la política de Cantabria. El ayuntamiento de Cabezón reafirmó su petición de autonomía e inició por cuenta propia una segunda ronda de adhesiones. Lo propio hizo la Junta Directiva de ADIC o el Ayuntamiento de Santander. El 2 de junio la Diputación ratificó su apoyo a la autonomía y el 19 de julio se organizará por parte de ADIC, ICU, SUC, PTC, Asociación Cultural de Guarnizo, Asociación de Profesores y multitud de otros pequeños colectivos, una Marcha Automovilística de Reafirmación Autonómica que saliendo desde Castro, Santander, Torrelavega y Mataporquera, confluirá en Santillana del Mar. En esta marcha estos grupos reafirmarán de nuevo su oposición al estatuto que se está tramitando en Madrid y al que califican como un Estatuto Centralista. García de Enterría, el 21 de mayo, afirmará que el estatuto de Cantabria está a salvo, como efectivamente sucederá una vez que la Comisión Constitucional lo dictamine el 25 de junio de 1981 para tramitarlo por la vía del 143 de la CE. Para suavizar la crispación levantada por el informe Enterría, el Comité Ejecutivo Nacional de UCD, el 8 de junio, reconocerá la regionalidad de Cantabria. En el Proyecto de Estatuto de Autonomía para Cantabria, en su apartado primero del artículo primero, se configura a Cantabria como entidad regional histórica, pero en el último párrafo del artículo 30, Justo de las Cuevas, presionado por los sectores de su partido aún no convencidos con la autonomía cántabra, incluyó un texto que decía: la Diputación Regional de Cantabria defenderá de forma especial los acuerdos y convenios con la comunidad castellano-leonesa que respondan a los lazos históricos y culturales existentes entre ambas comunidades. Este párrafo junto a la inclusión del artículo 58 que preveía la integración futura de Cantabria, a petición propia, en otra comunidad limítrofe, fueron dos condiciones impuestas para asegurar la aprobación del estatuto en Madrid. El significado de ello hay que buscarlo en la escasa convicción autonomista del centro y la derecha españolas a lo largo de todo el proceso. Pero sobre todo por las presiones que, desde dentro de Cantabria, hacía la ACECA como las que, desde fuera, hizo el propio Consejo de Castilla y León negando la entidad histórica y la identidad cultural del Pueblo Cántabro. La ACECA siempre lamentó que no se hubiese realizado un plebiscito para sondear la opinión de l@s ciudadan@s al respecto y expresó su decepción con los políticos de Castilla y León que no habían impedido lo que para ellos era una segregación de la Provincia de Santander. Sin embargo, a efectos de conocer la opinión de l@s ciudadan@s de Cantabria sobre la autonomía, en 1980 se encargó una encuesta a un grupo de estudiantes de la Escuela de Ingeniería Técnica dirigidos por el profesor Manuel Garrido. El resultado fue que el 64% de los encuestados aprobaban la autonomía de Cantabria frente a un 22% que se declaraba en contra. Ese mismo verano, el 9 de agosto, era invitado a leer el pregón de la fiesta del Día de Cantabria de Cabezón, el Ministro de Administración Territorial, Rodolfo Martín Villa, el cual fue abucheado por miembros de ADIC al ser éste un partidario declarado de la inclusión de Cantabria en Castilla. El 14 de octubre de 1981 se aprobó en el pleno del Congreso de los Diputados el Estatuto para pasar a continuación al Senado, donde también fue dictaminado favorablemente el día 20 de noviembre. Tanto el PCE como los grupos cantabristas consideron insuficiente aquel proyecto de estatuto y organizaron debates donde se discutió sobre la autonomía y sobre el futuro que deparaba a Cantabria una vez fuese aprobado en Madrid el estatuto. Una semana después de ser dictaminado en el Senado, José Ángel García de Cortazar, profesor de historia medieval en la Universidad de Santander, leyó en el Ateneo una conferencia de Sánchez-Albornoz en la que se glosaban, una vez más, los lazos históricos que unían a Cantabria con Castilla y hablaba del error que para él suponía el haber optado por la vía autonómica. Una parte del público sensibilizado con la causa del estatuto y con la identidad cántabra protestó fuertemente la lectura de ésta conferencia. El 2 de diciembre era definitivamente aprobado en el Senado el Proyecto de Estatuto retornando a la Cámara baja donde el 15 de diciembre y con 249 votos a favor, 2 en contra y 31 abstenciones, quedó finalmente aprobado el Estatuto de Autonomía para Cantabria. El Rey lo firmó y sancionó el 30 de diciembre de 1981. Entra en vigor el Estatuto El 9 de enero de 1982 era publicado en el Boletín Oficial de Cantabria y el 11 de enero lo hacía en el BOE. No entrará en vigor hasta el 1 de febrero de ese año pasando la Provincia de Santander a llamarse automáticamente Cantabria. Las valoraciones que harán los partidarios o los detractores del mismo serán muy diversas. Si excluimos AP y la extrema derecha que siempre fueron opuestas, las organizaciones de extrema izquierda y cantabristas lo recibieron como un instrumento positivo en tanto en cuanto garantizaba el derecho a la autonomía del Pueblo Cántabro, pero lo consideraban insuficiente pues, según su opinión, no satisfacía las aspiraciones y necesidades de la clase trabajadora cántabra. Por su parte, PSOE y UCD lo recibieron con alborozo pero matizando Justo de las Cuevas, en representación de los centristas: La Autonomía de Cantabria es el resultado del trabajo de todos los partidos políticos y ninguno puede hacer de ello una bandera partidista. El 20 de febrero se constituía la Asamblea Regional presidida por Isaac Aja Muela y el 15 de marzo José Antonio Rodríguez se convertía en el primer presidente de la recién estrenada Comunidad Autónoma de Cantabria. Su primer Gobierno será presentado el 14 de abril y estará compuesto por Jesús Ruiz Rugama como Consejero de la Presidencia, Santiago Pérez Obregón como Consejero de Trabajo, Sanidad y Bienestar Social; José Ramón Sainz Fernández como Consejero adjunto al Presidente y de relaciones Institucionales, Enrique Ambrosio Orizaola como Consejero de Industria, Transporte, Comunicaciones y Turismo; Tomás Fernández Fernández como Consejero de Obras Públicas y Ordenación del Territorio; Valentín Almansa Sahagún como Consejero de Ganadería, Agricultura y Pesca; Serafín Fernández Escalante y Moreno como Consejero de Economía, Hacienda y Comercio; y Ramón Teja Casuso como Consejero de Cultura, Educación y Deporte. Quizás a modo de conclusión baste subrayar el alto grado de consenso alcanzado entre los habitantes de esta tierra y sus dirigentes sobre la vitalidad de conseguir un estatuto.

Los requisitos que exigía la CE para ello fueron superados con creces, ya que se superó la cifra de los 67 ayuntamientos siendo 85 los que se declararon oficialmente a favor de la petición de autonomía. Estos 85 municipios representaban a más del 95% del censo electoral (encontrán-dose entre ellos los más poblados de Cantabria: Santander, Torrelavega, Reinosa, Piélagos, Camargo, Astillero, Santoña, Laredo y Castro), tal y como exigía la ley. Además, para mayor evidencia, la CE fijaba un plazo de seis meses para completar los trámites que una región nece-sitaba para convertirse en CCAA. En Cantabria apenas se empleó un mes y medio.

Todo ello en conjunto explica que la nuestra fuese una de las primeras CCAA en constituirse como tal. Cuando el Estatuto sea definitivamente aprobado el 15 de diciembre de 1981 y san-cionado por el Rey el 30 del mismo mes, Cantabria se convertirá en la sexta comunidad en acceder a su autonomía, después de Catalunya, Euskadi, Galiza, Andalucía y Asturies. Ahora lo único que restará por hacer para consolidar el largo y tortuoso proceso de autonomía, será esperar a las primeras elecciones autonómicas, convocadas para el 9 de mayo de 1983, y de las que saldrá la composición de la primera Asamblea Regional elegida por l@s ciudadan@s de Cantabria. Hasta entonces, la vida política del país nadará aún entre aguas turbias que tratarán de aprovechar las corrientes opuestas al estatuto para erigirse en representantes de una auto-nomía a la que siempre habían desdeñado. La clave para ellos será “asegurar la gobernabilidad de Cantabria”.

SIGLAS .ACECA: Asociación Cantabria en Castilla.
ADIC: Asociación para la Defensa de los Intereses de Cantabria.
ADM: Asociación Democrática de la Mujer.
AFEVIC: Asociación de Afectados por la Vivienda de Cantabria.
AID: Agrupación Independiente de Derechas.
AP: Alianza Popular.
BOE: Boletín Oficial del Estado.
CAC: Comunidad Autónoma de Cantabria.
CCAA: Comunidad(es) Autónoma(s).
CCJ: Concejo Cántabro de la Juventud.
CCOO: Comisiones Obreras. CE: Constitución española.
CSUT: Confederación de Sindicatos Unitarios de Trabajadores.
FE-a: Falange Española auténtica.
FE-i: Falange Española independiente.
FPD: Federación Popular Demócrata.
ICU: Izquierda Castreña Unida.
ID: Izquierda Democrática.
MCC: Movimiento Comunista de Cantabria.
ORT: Organización Revolucionaria de Trabajadores.
OUAC: Organismo Unitario para la Autonomía de Cantabria.
PCE: Partido Comunista de España.
PNC: Partido Nacionalista Cántabro.
PRC: Partido Regionalista de Cantabria. P
SOE: Partido Socialista Obrero Español.
PSOE-h: Partido Socialista Obrero Español histórico.
PSP: Partido Socialista Popular. PTC: Partido del Trabajo de Cantabria.
PTE: Partido de los Trabajadores de España.
SCT: Sindicato Cántabro de Trabajadores.
SDGM: Sindicato Democrático de Ganaderos Montañeses.
SUC: Sindicato Unitario de Cantabria.
UCD: Unión de Centro Democrático.
UGAM: Unión de Agricultores y Ganaderos Montañeses.
UGT: Unión General de Trabajadores.
UJM: Unión de Juventudes Maoístas.
UNE: Unión Nacional Española.

BIBLIOGRAFIA ADIC 1976-1986. 10 años por Cantabria (Revista de ADIC). Ed. ADIC, Santander. ALEGRÍA FERNÁNDEZ, Manuel (1990): Presencia e influencia de ADIC en la historia de Cantabria. Tantín, Santander. MADARIAGA DE LA CAMPA, Benito (1986): Crónica del regionalismo en Cantabria. Tantín, Santander. NUÑEZ SEIXAS, Xosé M. (1998): Movimientos nacionalistas en Europa. Siglo XX. Síntesis, Madrid. PASTOR MARTÍNEZ, José M. (1998): Con la tierra. Aproximación a Cantabria. Ed. El autor, Santander. PÉREZ BUSTAMANTE, Rogelio y REVILLA ROIZ, Miguel Ángel (1981): Temas de Cantabria. Historia, Economía. Ed. Los autores, Santander. VV.AA. (1999): I Encuentro de Historia de Cantabria. Volúmen II. Universidad de Cantabria. Santander.

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