Posteado por: Juventudes Carlistas | junio 20, 2009

1808, conmemoración del inicio de un crimen continuado.

Es sintomático y orientador el afán neoliberal en conmemorar la sublevación popular contra la invasión napoleónica.

¿Fue la de 1808 una rebelión “patriótica” según el posterior romanticismo nos ha querido hacer ver?.  ¿O acaso simplemente ideológica? ¿Mezcló ambas cosas? Tal vez esa sea la interpretación mas acertada. En cualquier caso, y al igual que sucedería en las guerras carlistas, en cada territorio, y hasta en cada aldea la motivación fue distinta. Solo hubo identidad en el enemigo, en el francés, pero contra el ejército napoleónico lucharían absolutistas como el cura Merino, o liberales como Espoz y Mina, y muchos militares de ambos bandos, del insurgente carlista y del represor isabelino, se formarían en igual batalla contra Napoleón. Unos han querido ver la resistencia desesperada de una España negra y absolutista por no desaparecer, y otros el alba de una nación (término equivoco por no ser identidad de Estado, sino de lugar de nacimiento) promocionado por el progresismo de la Ilustración.

Lo único cierto e inequívoco era el enemigo, el francés, portador de un sentido imperial de “patria” identificado con nación y cuya única realización, según el modo napoleónico, imperial, habría de ser el Estado con lo que, paradójicamente, era un precedente de los muy posteriores fascismos, todos originados precisamente en el liberalismo creador de la nación-estado en exclusiva, como promotor, tutelador y garante de la felicidad del ciudadano, del habitante del burgo, no del hombre de la tierra, de quien por ser libre del Estado es decisor de su propio hoy y de su inmediato destino mediante su libre participación en sus naturales órganos de representación.

Fueron esas Españas las que se pretendieron asesinar en 1808, en la culminación napoleónica de lo que ya se había iniciado en 1700 con el absolutismo, también francés, de la nueva dinastía. El afán centralizador trascendía, pues, del mero concepto absolutista y se desnudaba en estricto imperialismo. Napoleón venía de la Revolución Francesa y en esta el jacobinismo imponía una praxis destructora de pueblos y culturas. Antes de Napoleón en Francia solo se hablaba el francés por un 25 % de sus habitantes, el resto se expresaba habitualmente en bretón, catalán, vasco, occitano…; el imperialismo napoleónico francés inició un genocidio cultural que ha invertido los datos: ahora ni un 25 % de los ciudadanos franceses se expresan en otras lenguas autóctonas distintas al francés.

En España el unitarismo bonapartista tendría el nefasto corolario de la destrucción de los últimos restos de los particularismos políticos. José Bonaparte, rey impuesto y primer Gran Maestre del Oriente Nacional de España (significativa la novedosa utilización del término “nacional”), sería el iniciador de una centralización administrativa, pero su tacha de extranjería, y el escaso tiempo de que dispuso, impidió no ya la culminación del proceso pero ni tan siquiera de un aceptable desarrollo. No obstante la semilla estaba echada.

Y fructificó en 1812. Significativamente ahora, los encargados del evento del bicentenario de la rebelión antinapoleónica, entre otros diversos libros, nuevos y no tanto, han reeditado uno fundamental del profesor Miguel Artola que ya es un clásico –“Los afrancesados”- y constituye una autentica biografía en disección de los protagonistas del tiempo quizás mas importante –por lo que decidió y del que seguimos en presencia- de toda nuestra común historia contemporánea.

Artola, al confesar su temor al abordar tan apasionante tema lo justifica por la envergadura “de estudiar su intervención –la de los afrancesados- en la construcción del Estado unitario, el gran proyecto de los liberales, que realizaron los afrancesados desde un punto de vista conservador”.  Unos liberales con el bagage de la centralizada administración francesa: el profesor Artola constata este hecho ya de por sí determinante, y es que “la división provincial será obra de un afrancesado, y construyen el modelo de Estado unitario”. ¿Fueron los afrancesados, acaso, unos traidores?,  ¿pero traidores a qué?,  ¿a un rey inexistente o –nos seguimos preguntando- a una “nación” aún menos existente?. No, porque el mismo Artola lo concreta, los afrancesados “aceptan colaborar con José (Bonaparte) del mismo modo que después lo hacen con quienes le son mas cercanos, y así se acercarán a los isabelinos”. ¿Podría alguien encontrar una mas racional explicación de lo que representaban los defensores de Isabel y, también, una mejor justificación del porqué de la lucha carlista?. Todo mantiene una rigurosa línea argumental y un único desenlace, mas tarde desembocado en el mantenido centralismo jacobino de la soidisant izquierda aborigen y en el seudofascismo españolista, ambos coincidentes en la defensa de una “nación” asimilada al Estado, pero inexistente,  como cualquier imposición oficial no basada en la voluntad popular ni en unas inequívocas, comunes, realidades culturales e históricas.

En 1812, se plasma ese afrancesamiento antiespañol –entendemos por “español” al conjunto, en libertad, de todos los pueblos que en siglos han convivido y concurrido en el mismo espacio de mutuo respeto y solidaridad- al que nos venimos refiriendo. Es la Constitución de Cádiz que rompe, ya de forma brutal, con el secular discurrir legislativo y de gobierno de esas pocas comunidades históricas aún libres. Y lo hace, además, mediante un texto elemental, contradictorio y apresurado. Un texto que admite, pero que al mismo tiempo muestra su enemiga a esas antiguas naciones (realidad política defendida por alguien tan poco sospechoso como el profesor Elías de Tejada) y a las que pretende destruir mediante el inútil plumazo de la “unidad constitucional”.

Unos hablan de la tragedia de 1808 como estereotipado hecho en el que su concepto de España inicia la andadura “nacional”, y otros de 1812 con su constitución como fecha de partida de nacimiento. Todos tienen razón, los primeros porque es con la invasión napoleónica, mediante la fuerza, como  se introduce el ideal unitarista, y los segundos porque ese objetivo se acaba plasmando en el antecedente escrito de la primera constitución que pretende imponer la legalidad de tal crimen unitarista. En definitiva, en 1808 se produjo un asesinato perpetrado por armas extranjeras; y en 1812 se legaliza por los propios autóctonos afrancesados. Pero un asesinato es un asesinato, lo peor es que se siguió perpetrando (1839, 1876…) hasta nuestros días en una mantenida y calculada destrucción de señas y libertades nacionales de los pueblos españoles, de las Españas.

Artículo publicado en el Federal Nº32

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