Posteado por: Juventudes Carlistas | julio 1, 2009

¿Fuero o Comunidad Autónoma?

Los defensores del llamado Amejoramiento del Fuero, que acaba de cumplir 20 años, afirman que se trata de un pacto entre el Estado español y Nafarroa previo a la Constitución. Una norma, por lo tanto, no asimilable a un estatuto de autonomía al uso. El autor de este análisis, abogado, argumenta que toda esta tesis es falsa, que Nafarroa es una autonomía más y que el añadido de “foral” a su denominación oficial no pasa de ser una marca.

1839, 1978, 1982: Son cuatro eslabones de una cadena, tendida en 1512, que define la actual realidad jurídico-política de Nafarroa. En este análisis se aborda la realidad de estos momentos, exaltados por la historiografía oficial navarra que ha conmemorado estos últimos meses el 20 aniversario del Amejoramiento del Fuero.

¿FUE PACTADA LA LEY DE 1841?

El Amejoramiento de 1982, en su preámbulo, establece que Nafarroa “perdió la condición de reino avanzado el siglo XIX” pero vio confirmados sus fueros en 1839 “sin perjuicio de la unidad constitucional”. “A tal fin se iniciaron negociaciones entre el Gobierno de la Nación y la Diputación de Navarra, y en el acuerdo que definitivamente se alcanzó tuvo su origen la Ley Paccionada de 1841”, incide. Para la historiadora María Cruz Mina Apat, éste no deja de ser un “mito histórico”. Incluso Víctor Manuel Arbeloa, nada sospechoso, mantenía en 1978 que aquella ley “castigó a Navarra recortándole seriamente los derechos forales, convirtió a nuestro viejo reino en provincia foral por la vía del pacto, que la Navarra oficial de entonces aceptó por salvar lo salvable”. ¿Hubo, entonces, pacto-ley o ley paccionada, como sostienen historiadores “oficiales” como Del Burgo?

La ley de 1839 fue, en realidad, un acto discrecional del Estado. En su artículo 2, establecía que “el Gobierno, tan pronto como la oportunidad lo permita y oyendo antes a las provincias vascongadas y Navarra, propondrá a las Cortes la modificación indispensable” para “conciliar” los fueros y la Constitución de la Monarquía. Nada se decía de pactar o de convenir, sólo de “oír”. Por si no quedara claro, en otros artículos se concretaba la fórmula: “Navarra, por la nueva Diputación, nombrará dos o más individuos con los cuales pueda conferenciar el Gobierno”.

Un año después, el Ejecutivo estatal remitió la modificación de los fueros a la Diputación “para que pueda aprobarlo o procederse en su consecuencia”. Para los defensores de la teoría del pacto, la conjunción “o” evidencia que la parte navarra podía oponerse; sin embargo, en realidad el texto afirmaba que se enviaba la modificación “para que pueda aprobarlo y procederse en su consecuencia”. La errata en la transcripción ha jugado en favor de los “pactistas”, pero la literalidad del texto evidencia realmente que la Monarquía española no dejaba más opción que ratificar la propuesta. La aprobación de la Diputación era políticamente deseable, pero no necesaria jurídicamente.

El caso es que, por primera vez, los fueros de Navarra se supeditan a la Constitución española, y por eso cambia su funcionamiento jurídico y político; si antes estribaba en su carácter de reino, ahora deriva de la Constitución de 1837. Un decreto de 1839, dictado en desarrollo de la anterior ley, establecía en su artículo 4º que “la provincia de Navarra nombrará una Diputación” cuyas “atribuciones serán las que por fuero competían a la Diputación del Reino”. Sin embargo, esta institución no era ya el poder ejecutivo del reino, sino una entidad provincial integrada por personas afines a los deseos de Madrid. Y ésa fue la Diputación que, supuestamente, pactó con Madrid.

¿FUERO PRECONSTITUCIONAL?

Juristas han remarcado el carácter “preconstitucional” de los fueros. Lo hacía incluso el portavoz de UPN en el Parlamento, Albito Viguria, en 1979, cuando aseguraba que “Navarra está antes que la Constitución porque nuestros derechos son preconstitucionales, y el amparo y respeto que dice la Constitución no nos es necesario”. Pero el artículo 1 de la Constitución establece que “la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes”. En Suiza, la norma básica explica que “los pueblos de los 22 cantones soberanos, unidos por la presencia alianza, forman la Confederación suiza”. En el Estado español, nada de eso; se define una única soberanía, nada preexistente que venga a incluirse.

Se amparan los “foralistas” en la Disposición Adicional Primera, que asegura que la Constitución “ampara y respeta los derechos históricos”. Lo primero que llama la atención a cualquiera es que un tema de esta importancia quede tan relegado en la norma, cuando la definición del Estado se trata en lugares de preferencia como el Título Preliminar o el VIII. Hay más: mientras la Constitución “reconoce y garantiza” las autonomías, únicamente “ampara y respeta” los derechos forales. Ajeno a todo esto, Jaime Ignacio del Burgo insistía entonces en que la Constitución “no da fuerza legal a nuestros fueros, que son preexistentes”, obviando que el sistema se basa en la “supremacía constitucional”. Como dejó sentado Burdeau, “siendo el origen de toda actividad jurídica que se desarrolla en el Estado, la Constitución es necesariamente superior a todas formas de su actividad, ya que es de ella, y solamente de ella, de donde esas formas obtienen su validez”.

¿AUTONOMÍA PECULIAR?

Llegamos al día de hoy. ¿Es Navarra una autonomía peculiar? Efectivamente, hay peculiaridades, tales como el control de los ayuntamientos por parte del Gobierno navarro, la Cámara de Comptos o el Convenio Económico. Pero nada más. Los contenidos del Amejoramiento son los propios de un estatuto de autonomía. Y ha tenido que ser el Tribunal Constitucional el que definitivamente haya ido delimitando su verdadero carácter, sus límites. En 1984 sentenció ya que “la Comunidad Foral de Navarra se configura dentro del marco constitucional como una comunidad autónoma con denominación y régimen específicos, que no excluyen su sometimiento, como las demás comunidades autónomas, a los preceptos constitucionales”.

El Gobierno navarro pataleó, pero el TC sólo necesitó cinco años para destrozar la tesis de quienes ven una vía hacia la autodeterminación por la Disposición Adicional: “La idea de derechos históricos no puede considerarse como un título autónomo del que puedan deducirse específicas competencias”, sentenció.

Jokin Elarre
Abogado

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